- Air-e continúa su ofensiva contra el robo de energía en la región Caribe, con nuevas intervenciones en viviendas, comercios y establecimientos turísticos en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La detección más reciente se dio en una exclusiva cabaña del corregimiento de Santa Verónica.
En el sector Villa de Santa Verónica, zona turística del municipio de Juan de Acosta, técnicos especializados de la empresa Air-e detectaron la manipulación del medidor de energía en una cabaña de alto valor. La intervención reveló alteraciones en el equipo de medida, cuyo objetivo era evadir el registro del consumo real del servicio eléctrico.
Este hallazgo hace parte de una serie de operativos realizados por la compañía distribuidora en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. En la vía hacia Sabanagrande, kilómetro 5, fue intervenido un establecimiento comercial que tenía conectores de perforación en la acometida principal. En Palmar de Varela, barrio Olaya Herrera, se detectó una peluquería operando con servicio directo, sin medidor.
Otros casos destacados en el Atlántico incluyen una panadería en el barrio San José de Santo Tomás con una acometida manipulada, y un local de abastos en Ciudad Equidad, Soledad, que funcionaba también sin equipo de medición. En Barranquilla, en el barrio San Roque, se halló una plastiquera con una línea directa fuera del sistema de medida, evitando así el pago correspondiente.
En Santa Marta, Magdalena, se descubrieron conexiones irregulares en una licorera del sector El Prado y en un restaurante del barrio Centro, donde los medidores presentaban signos claros de manipulación. También fueron reportadas anomalías en una finca de la Zona Bananera y un hostal en el sector de Manzanares. Finalmente, en el municipio de Maicao, La Guajira, las autoridades encontraron líneas directas conectadas a la bornera y un puente externo en una vivienda del barrio San José.
La empresa Air-e reafirmó su compromiso con el combate al fraude eléctrico, advirtiendo que este tipo de prácticas no solo afectan la calidad del servicio, sino que también representan un delito penal que pone en riesgo la seguridad de las comunidades.
