- Durante operativos técnicos, la empresa encontró conexiones ilegales en conjuntos residenciales, establecimientos comerciales, clínicas y moteles.
La empresa Air-e Intervenida continúa intensificando sus operativos para combatir el hurto de energía eléctrica en la región Caribe. En recientes inspecciones técnicas, se detectaron irregularidades en múltiples puntos de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, incluyendo viviendas, negocios y centros médicos.
En Barranquilla, específicamente en el conjunto residencial Alameda Campestre, ubicado en inmediaciones de la calle 98 con carrera 64, fueron detectadas 12 irregularidades. La revisión reveló 8 líneas directas en las borneras de los medidores y 4 equipos manipulados, con evidencias de alteración en los sellos de seguridad.
En el sector de Salgarito, técnicos de la compañía hallaron una acometida directa y subterránea, que evadía el sistema de medición. Para identificarla, fue necesario realizar excavaciones. Casos similares se detectaron en el barrio San Roque, donde un billar operaba con un servicio directo al medidor, y en Malambo, donde una bodega funcionaba con un transformador ilegal, sin estar registrada en la base comercial de la empresa.
En el barrio Las Flores, también en Barranquilla, un restaurante y un establecimiento comercial con cuarto frío mantenían líneas clandestinas conectadas a las borneras, eludiendo el consumo real del servicio.
Los operativos se extendieron a otros departamentos. En Santa Marta, dentro del barrio Ciudad Equidad, una clínica operaba con un transformador trifásico conectado directamente a la red. Por su parte, en Maicao, La Guajira, se identificaron dos nuevos casos: una estación de servicio con medidor manipulado y el Motel Clímax, que tenía una acometida subterránea irregular conectada desde el poste.
La empresa Air-e reiteró que el hurto de energía es un delito penalmente sancionado, tipificado como defraudación de fluidos en el Código Penal colombiano, lo cual puede acarrear hasta seis años de prisión y multas equivalentes a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Actualmente, la compañía adelanta cerca de 700 investigaciones penales en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de judicializar a los responsables de este tipo de delitos y garantizar un servicio seguro y justo para todos los usuarios.
Air-e hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para que haga uso legal y responsable del servicio, y denuncie cualquier práctica irregular que ponga en riesgo la seguridad de las redes eléctricas y afecte la sostenibilidad del sistema.
